INICIONOTAS DE PRENSA

Castillo dice que no quita los tornos porque algunos trabajadores le roban

Manuel Montejo ha exigido al Ayuntamiento que inste a la empresa a quitar los tornos de manera inmediata y ha manifestado que “Castillo no necesita ningún otro elemento de conteo de usuarios, ya que esa labor la realiza la maquinaria de que dispone. No existe ningún inconveniente para retirar hoy mismo los tornos y se solucionaría la situación”. El PP, por su parte, ha hecho caso omiso del informe de VEIASA en el que se señala la ilegalidad de los tornos y ha emplazado a la empresa a que justifique si estos elementos se pueden homologar o no. Montejo señala que “tras conocer dicho informe no cabe la homologación. Técnicamente la solución es quitar los tornos y eso puede hacerse en una noche, igual que los retira para pasar las inspecciones”.

Durante la celebración de la Comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias, hemos preguntado de manera reiterada al representante de Castillo la razón por la que mantienen los tornos a pesar de que no está permitido y este ha indicado que se trata de un mecanismo de control de los trabajadores ya que alguno de ellos les roba. Se trata de una excusa y de una acusación muy grave que no justifica en absoluto el incumplimiento de la ley. La permisividad e impunidad con que actúa la empresa Castillo es sorprendente. El Equipo de Gobierno protege a la empresa buscando cualquier resquicio legal para que la Concesionaria pueda justificar la presencia de los tornos. Es un ejemplo más de cómo se gobierna y se ha gobernado Jaén en los últimos años: dando la espalda a la ciudadanía.

Que nadie dude de que continuamos con la campaña “Autobuses Castigo: ¡RECLAMA!” y la recogida de firmas para que se retiren los tornos de los vehículos. Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a que desvele los continuos incumplimientos y faltas por parte de la Concesionaria. Mantener los tornos no es solo una molestia, es un problema grave para las personas que no pueden acceder, es una humillación impropia de un servicio público y es un elemento de inseguridad.